Javier PARRA

A finales de este mes de noviembre de 2013 y en apenas 24 horas el régimen ha efectuado probablemente uno de los mayores ataques contra la democracia y las libertades desde el levantamiento franquista del 18 de julio de 1936. Mientras en las calles de Madrid comenzaba una caza de brujas que acabó con la detención de decenas de antifascistas y en Valencia la policía y la guardia civil ocupaban y desalojaban la Televisión Pública para el corte de su emisión, el Consejo de Ministros lanzaba su iniciativa de “Ley de Seguridad Ciudadana” – de inspiración absolutamente totalitaria, mediante la cual se perseguirá prácticamente cualquier forma de protesta y se dará total impunidad incluso a la seguridad privada para identificar y detener a cualquier ciudadano o ciudadana.

Estos días Julio Anguita decía en una entrevista de radio que dicha Ley que pretende aprobar el Partido Popular es la antesala del fascismo y el horror. Y no le falta razón. Un fascismo que ideológicamente es el mismo que el de los años 30 del siglo pasado, aunque de momento haya cambiado sus métodos. Al fin y al cabo muchos de los colegios y hospitales que en su día bombardeaba la Legión Cóndor hoy los cierra o los privatiza el Consejo de Ministros.

La imagen de RTVV rodeada por los mismos que hace poco más de un año apaleaban niños en los alrededores del Lluis Vives, y que en esta ocasión cumplían la “noble” tarea de cerrar un canal de televisión por la fuerza de la sinrazón, ha sido uno de los más nítidos retratos de la verdadera naturaleza del régimen post-franquista nacido de la mal-llamada “Transición”.

Horas antes de su cierre, durante la noche del 28 al 29 de noviembre, en la cadena se sucedían los lamentos de trabajadores, ciudadanos y políticos de la oposición comparando la situación con la del Golpe de Estado del 23-F. Sin embargo, en las primeras horas de la mañana llegaba la orden por parte de la justicia  (la “autoridad competente”) de efectuar el cierre de la cadena con el objetivo de hacer cumplir la ley aprobada con la mayoría absoluta del Partido Popular en el País Valenciano, que dado que viola abierta y radicalmente los derechos fundamentales del pueblo, en absoluto puede ni debe ser considerada como una ley.

No es el momento de plantearse qué habría pasado si en el último momento en lugar de aceptar un “cierre con dignidad” desde las ondas de RTVV se hubiera hecho un llamamiento claro y abierto a la sociedad valenciana, a los millones de hombres y mujeres que estaban siendo conscientes de lo que estaba pasando, a acudir a las instalaciones para defenderlas. Estoy seguro que la respuesta habría sido inmensa, y el cierre y el desalojo no habría sido fácil para las fuerzas de seguridad del Estado. Quizá hasta podría haber habido una posibilidad de supervivencia de RTVV, y no solo la de una hipotética y futura resurrección. Lo que sí es momento, hoy y siempre, es de recordar que la rebelión contra las leyes injustas es un derecho inherente al ser humano, que no puede ser revocado por ninguna justicia ni por ningún gobierno, y que debe ser ejercido hasta las últimas consecuencias con el objeto de que el fascismo no acabe imponiéndose sobre la libertad y sobre dignidad humana, como ya sucedió en otros momentos de la Historia.

Hoy quizá sea tan cierta como entonces aquella afirmación del ex-Secretario General del PCE José Díaz de que “el peligro fascista es, en España, muy grande, y es muy grande porque el fascismo tiene en sus manos importantes órganos de Poder”. Por eso, al igual que otros hicieron ayer, quienes vivimos con la dignidad que el fascismo nunca podrá ni siquiera comprender, hoy nos conjuramos con el #NOPASARÁN.

larepublica.es

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