La implantación de la democracia en España por vez primera sucedió hace 85 años, fue entonces cuando se asentaron las bases de un Estado moderno y progresista. Por primera vez se instauró un sistema parlamentario que reconocía la libertad ideológica y de pensamiento, la libertad de manifestación y reunión; se extendió el sufragio a las mujeres, que por primera vez en la historia pudieron ejercer su derecho a voto; se construyeron miles de escuelas públicas, institutos y centros de salud, dotados con miles de maestros y profesores y médicos, consolidándose la Educación y la Sanidad públicas; se legalizó el divorcio; se posibilitó el matrimonio civil; se formalizó la separación entre la Iglesia y el Estado; se emprendió una reforma agraria que palió el hambre crónica de miles de jornaleros a los que un siglo antes se les expulsó de las tierras trabajadas durante generaciones, … Fue uno de los períodos más fructuosos en derechos y libertades de la historia de nuestro país para la ciudadanía, fue la Segunda República.

Dos de los imperativos categóricos absolutos que no deberían sostener ningún tipo de relativismo moral, son la igualdad y justicia social. La igualdad como seres humanos, donde todas las personas sin distinción alguna tengamos los mismos derechos, independientemente del hogar donde nazcamos, y nos rijamos por las mismas leyes. Y la justicia social, donde las personas más desfavorecidas cuenten con oportunidades de desarrollo, con el firme compromiso del Estado de compensar las desigualdades inherentes al capital. La razón, la inteligencia, la humanidad, nos conduce a legitimizar, como seres sintientes, por coherencia moral, ambos imperativos.

Sin embargo, hay fuertes convicciones que impiden reconocer el significado de la Segunda República, pretendiendo equipararla con uno de los períodos más negros, dramáticos y crueles de nuestra reciente historia, el día del Golpe de Estado que derivó en la Guerra Civil y la posterior Dictadura Fascista, el 18 de Julio de 1936. Pretender comparar la legitimidad en la celebración de ambos hechos históricos, que son antagónicos y se repelen por contradictorios, denota además de un despropósito, una falta absoluta de coherencia moral y ética.

¿Cómo se puede construir un alegato mínimamente consistente defendiendo la barbarie, los privilegios de unos pocos, la desigualdad, los crímenes de lesa humanidad, el fascismo, la guerra, la dictadura, la represión, el robo y el expolio de un país entero, y lo que es peor, la usurpación de la veracidad histórica, como hecho irrefutable de la existencia de un Golpe de Estado militar, que acabó por la fuerza de las armas con la democracia que trajo la Segunda República? Querer equiparar ambos hechos es tergiversar la verdad científica y objetiva, es sencillamente deleznable. Y por ello, porque existe esa verdad histórica que es científica y es objetiva puesto que está ahí, y por más que la disfracen con calificativos patrióticos, el 18 de julio simboliza lo que es, el Golpe de Estado; hoy, cualquier celebración de dicho acto ilegítimo es inmoral e ilegal. Como tampoco está permitido en Alemania la conmemoración del nazismo, ni en Italia la del fascismo, porque como seres civilizados, inteligentes y racionales, no nos podemos permitir celebrar un acontecimiento histórico contrario a los Derechos Humanos, de ahí la incoherencia moral y ética.

                Cuando terminó la II Guerra Mundial, los países democráticos condenaron unánimemente, a través de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los regímenes nazis y fascistas. Actualmente y de forma reiterada, la ONU ha seguido condenando no solo  dichas ideologías, sino también cualquier acto de exaltación de las mismas comprendiendo también los llevados a cabo por nacionalismos violentos. La libertad de expresión y el derecho de reunión no pueden sostener la glorificación del fascismo, ya que cualquier acto que se celebre en este contexto, no sería otra cosa que criminal.

                No hay democracia posible ni soporte legal, que tolere ni la equiparación de la Segunda República con el Golpe de Estado del 18 de Julio de 1936, ni acto de exaltación alguno sobre este último. Además de atentar contra los derechos humanos universales, constituye un acto de incitación al odio entre los españoles. Y es de esperar por tanto, que más pronto o más tarde esté hasta penado.  

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