En noviembre, Europa ya aprobó el “derecho a reparar”. Una iniciativa entre la que se limitaba los productos de un solo uso y se urgió a los distintos países a que se implementara:

“un etiquetado obligatorio para proporcionar información clara, inmediatamente visible y fácil de entender a los consumidores sobre la vida útil estimada y la capacidad de reparación de un producto en el momento de la compra”.

El objetivo que destaca Consumo es sin duda: “reducir la obsolescencia y la huella ecológica”.

¿Qué es el índice de reparabilidad?

El I.R. consiste en una clasificación de los aparatos eléctricos y electrónicos en una escala de cero a diez puntos que se otorgan en base a cinco criterios objetivos. Para calcular el índice, según explica el Ministerio:

“ Cada baremo tendrá un máximo de veinte puntos. Se tendrá en cuenta la documentación proporcionada por el fabricante para la reparación y la facilidad para desmontar el producto. También sumará en el cálculo la disponibilidad de piezas de repuesto, la relación entre el precio de las piezas de repuesto y del producto original, así como otros criterios específicos en función de la categoría AEE (asistencia y facilidad en el reinicio de software)”

Todos los puntos se suman y se dividen el resultado entre diez. Asimismo, las autoridades de Consumo y de Vigilancia de Mercado serán quienes supervisen que el etiquetado es correcto.

España será el segundo país en implantar la medida. Francia implantó este sistema en 2020, siguiendo las recomendaciones del Parlamento europeo.

En el caso francés, este índice se aplica sobre lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortadoras de césped. Sin embargo, en España, por el momento no se ha especificado qué dispositivos electrónicos deberán ofrecerlo ni a partir de cuándo estará disponible.